Antonio Ordóñez usa cargo de juez para vender sus cursos privados

Con el uso de la plataforma pública Tu Juez Laboral (www.tujuezlaboral.com), el juez federal en materia laboral Antonio Ordóñez Serna actúa en claro conflicto de interés, al promocionar cursos privados con pagos a su cuenta bancaria y de su despacho ZER Legal Society, S.C., donde ofrece servicios legales en materia laboral.

Con su investidura desde el Poder Judicial de la Federación, el juzgador vende sus servicios como espacios de actualización jurídica dirigidos a litigantes, operadores jurídicos y público interesado en la materia laboral.

No se trata de una referencia incidental a su trayectoria. Su cargo judicial es el eje de la oferta. La plataforma explota su condición de juez en funciones, su experiencia en el nuevo sistema de justicia laboral y su desempeño como operador jurisdiccional, como principal argumento de valor frente a quienes pagan por acceder a los cursos.

La narrativa comercial del proyecto se construye alrededor de una idea específica: ofrecer formación desde la experiencia real de quien juzga. En otras palabras, no se vende solo un curso de derecho laboral, se vende la proximidad a la lógica, práctica y visión de un juez federal en activo.

Los hechos documentados obligan a formular una pregunta institucional incómoda: ¿puede un juez federal en activo usar su investidura para vender formación jurídica, cobrar a través de una sociedad vinculada a un despacho laboral y mantener una conexión directa con la infraestructura digital de esa firma sin comprometer la confianza pública en su independencia?

¿Cuál es la ruta del dinero de los cursos del juez Ordoñez Serna?

La relevancia del caso no termina en la promoción de cursos. La parte más delicada aparece al revisar el mecanismo de cobro.

Para el pago de inscripción, la página proporciona una cuenta bancaria que, conforme a la información verificada, pertenece a una sociedad denominada ZER Legal Society, S.C. Es decir, los recursos generados por cursos promocionados a partir de la investidura de un juez federal no se concentran en una universidad, institución pública o centro académico independiente, sino en una persona moral privada.

Ese dato modifica por completo la lectura del caso. Ya no se trata solo de una actividad docente paralela al cargo. Aparece una estructura de captación de recursos mediante una sociedad privada vinculada a un proyecto comercial construido alrededor del nombre, trayectoria y posición institucional de un juzgador en funciones.

La sociedad receptora del pago no aparece en el vacío. Está conectada con el sitio zerlegal.com.mx, donde se promocionan servicios legales especializados en materia laboral, así como en materias civil y administrativa.

En ese portal, ZER Legal se presenta como una firma que ofrece asesoría y representación jurídica tanto a empresas como a trabajadores. Es decir, presta servicios precisamente a los sujetos que, de manera ordinaria, forman parte del universo litigioso de la justicia laboral.