La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios y tres entidades iraníes más por la represión de las protestas de enero

La Unión Europea amplió este lunes su lista de sancionados por la represión en Irán con 16 nuevos funcionarios y tres entidades, entre ellos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, miembros del poder judicial y el responsable del sistema penitenciario del país. El Consejo de la UE aprobó las medidas en Bruselas en respuesta a la participación directa de estos actores en la supresión violenta de las protestas de enero de 2026, que se saldaron con miles de muertos según diversas estimaciones internacionales.

Las nuevas designaciones elevan a 263 el número de personas y a 53 el de entidades sometidas a medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones que la UE mantiene sobre Irán por violaciones de derechos humanos, vigente desde 2011 y prorrogado hasta el 13 de abril de 2026.

Entre los recién incluidos figura el viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad y Orden Público, así como varios comandantes de ramas locales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). El Consejo también sancionó al Cuerpo Mohammad Rasulullah, encargado de coordinar las fuerzas del IRGC y de la milicia Basij en Teherán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Imam Reza, rama provincial del IRGC en Jorasán Razaví, donde la represión fue, según el comunicado, “especialmente brutal”.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, desencadenadas por el colapso del rial iraní y décadas de malestar político acumulado. Lo que empezó como una movilización de comerciantes en Teherán se extendió a más de un centenar de ciudades, convirtiéndose en el mayor levantamiento popular desde la revolución islámica de 1979. El régimen respondió con una violencia sin precedentes: las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, con las masacres más mortales los días 8 y 9 de enero, según documentó Amnistía Internacional.

Las cifras de víctimas permanecen en disputa. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 3.117 muertos. La Relatora Especial de la ONU sobre Irán estimó que el número real podría superar los 5.000 fallecidos. La revista Time, citando documentos del Ministerio de Salud iraní, elevó esa cifra a hasta 30.000 personas solo en los días 8 y 9 de enero, dato que no pudo verificarse de forma independiente dado el bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde ese mismo día.

La nueva lista incluye también a jueces y fiscales que participaron en procesos contra manifestantes, activistas, periodistas y opositores, algunos responsables de obtener confesiones bajo coacción y dictar condenas severas. Figura asimismo el director de la Organización de Prisiones, bajo cuya gestión se documentaron torturas, detenciones arbitrarias, aplicación de la pena de muerte a menores y violencia sexual contra reclusas.

En el ámbito tecnológico, el Consejo sancionó a Naji Research and Development Company (NRDC), empresa que desarrolló la aplicación Nazer, utilizada por las fuerzas del orden como herramienta de vigilancia ciudadana, y al jefe de la Policía Cibernética de Teherán, responsable de la censura en internet.

Esta ronda se produce en el marco de una escalada sostenida. El 19 de febrero, el Consejo formalizó la inclusión del IRGC en la lista de organizaciones terroristas de la UE. El 11 de marzo, una ronda previa designó a otras 19 personas y entidades, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y el fiscal general Mohammad Movahedi Azad. Teherán calificó esas medidas de “ilegales” e “inmorales” y acusó a la UE de complicidad con lo que describió como una agresión exterior contra el país.

Con Irán sometido simultáneamente a una ofensiva militar exterior y a una crisis de legitimidad interna, la acumulación de designaciones europeas traza un mapa de responsabilidades que, tarde o temprano, alguien tendrá que responder.