Aerolíneas Argentinas está mejor, pero no debe ser estatal

Una buena administración de Aerolíneas Argentinas hizo posible revertir una crónica situación deficitaria logrando en los últimos dos años un superávit con fundamentos más sólidos. El balance de 2024 expuso un superávit operativo, antes de impuestos e intereses, de 57 millones de dólares. En 2025 aumentó a 113 millones, duplicando al del año anterior.

Hasta 2023 la empresa aérea estatal había resultado sistemáticamente deficitaria. Mediante el artilugio de considerar un préstamo como ingreso corriente, se intentó mostrar un balance superavitario durante el último año de la presidencia de Alberto Fernández. No fue así. A fines de 2023, la empresa acumulaba un pasivo equivalente a 685 millones de dólares.

La observación de la evolución de los resultados operativos pone en evidencia el efecto negativo de las administraciones populistas. Luego de su reestatización en septiembre de 2008, durante el resto de la presidencia de Cristina Kirchner, la pérdida anual promedió 433 millones de dólares. Durante el gobierno de Mauricio Macri se redujo a una media de 264 millones, elevándose nuevamente en el periodo 2020- 2023 a 460 millones. Entre 2008 y 2024, el Estado transfirió a Aerolíneas Argentinas el equivalente de 7500 millones de dólares. Es un monto que hubiera permitido construir 1000 escuelas o 30.000 unidades de vivienda, pero que debió destinarse al transporte aerocomercial que es utilizado principalmente por personas de altos ingresos.

La reversión de las pérdidas tiene su explicación en una administración más ordenada y eficiente. En los últimos dos años se mejoraron los índices de calidad y así se logró aumentar la actividad de la empresa mientras se recuperaba el nivel real de las tarifas. Los ingresos aumentaron mientras los costos se redujeron. La planta de personal fue disminuida en un 16%. De 11.926 empleados en diciembre de 2023 se pasó a 10.027 en diciembre de 2025. La ocupación media en los vuelos de pasajeros se mantuvo en un nivel alto: 83%, y la fiabilidad de los vuelos en un 99,4%. Este desempeño es destacable si se tiene en cuenta que se logró en el contexto de un mercado más competitivo y desregulado. El DNU 70/2023 y el Decreto 599/2024 establecieron una política de cielos abiertos con modificaciones del Código Aeronáutico, permitiendo que empresas nacionales e internacionales presten servicios en competencia en tramos de cabotaje. Se suprimió la exclusividad de Aerolíneas Argentinas donde la hubiera.

El proyecto de Ley Bases enviado al inicio de la gestión de Milei al Congreso incluía a Aerolíneas en la nómina de empresas estatales a privatizar, pero en su tratamiento legislativo se la excluyó de esa lista. Más tarde, el Gobierno dictó el Decreto 873/2024 disponiendo su privatización. Sin embargo, solo podrá concretarse si se ratifica mediante una ley y no será sencillo para el oficialismo alcanzar una mayoría parlamentaria para su sanción.

Se sostiene, erróneamente, que el Estado debe disponer de una línea aérea de bandera como una cuestión de importancia estratégica. Además, ahora se esgrime que, al pasar a obtener ganancias, ya no correspondería postular la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ninguna de estas dos razones tiene sustento. El concepto de línea de bandera como instrumento de gobierno ha quedado prácticamente en desuso en el mundo desarrollado. No es necesaria la propiedad estatal de una línea aérea para que un gobierno aplique políticas aerocomerciales coordinadas y compatibles con objetivos estratégicos. Tampoco la existencia circunstancial de ganancias puede justificar la propiedad estatal. Ya hemos visto que en la Argentina esto no ha sido usual sino excepcional y que no hay que dejar la oportunidad para que en el futuro vuelva a ocurrir.

No es una función de gobierno dedicar atención a la explotación de una línea aérea. Aerolíneas Argentinas se propone incorporar 18 nuevas aeronaves, lo cual implicará comprometer garantías y asumir riesgos que bien podrían orientarse a otras actividades sociales o a modernizar la Justicia, entre otras funciones indelegables.

El hecho de que actualmente la empresa muestre resultados positivos ayudará a una privatización mejor lograda. No deberán en este caso cometerse los errores experimentados en la venta realizada a principios de los años noventa, prácticamente sin interesados, en un marco mucho más crítico.