Prestadores del sistema de discapacidad anuncian el cese de actividades por falta de pagos del Estado

Las organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizaron una conferencia de prensa para advertir sobre la situación que atraviesa el sector y anunciar un cese de actividades de los prestadores ante la falta de pagos. Durante el encuentro, en el que estuvo presente LA NACION, informaron que la medida se realizará este viernes 13, el miércoles 18 y el jueves 19 de la semana próxima.

Según señalaron las organizaciones, la decisión fue tomada ante la falta de respuesta del Gobierno nacional frente a los reclamos por pagos adeudados y fuera de término de PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales, una situación que, afirmaron, está generando dificultades para sostener el funcionamiento de instituciones y servicios destinados a personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas.

Desde el Foro convocaron a los prestadores de todo el país que brindan servicios en el sistema de prestaciones básicas a sumarse a la medida para visibilizar la situación que atraviesan instituciones, transportistas y profesionales del sector. De acuerdo con lo planteado durante la conferencia, la falta de pagos en tiempo y forma impide el funcionamiento normal de los servicios, ya que muchas instituciones no pueden afrontar gastos como sueldos, alimentación, transporte, servicios y otros costos necesarios para sostener las prestaciones.

Advirtieron además que, de no resolverse la situación con urgencia, numerosas instituciones podrían verse empujadas a la quiebra y al cierre de servicios. Desde el Foro señalaron que este escenario impacta directamente en los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en el acceso a la salud y a la educación.

Durante la conferencia, Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad, explicó que el objetivo del encuentro fue exponer la situación que afecta tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores. “Esta conferencia de prensa tiene un solo sentido: contar la situación de afectación para las personas con discapacidad. La situación es muy simple: se le pide a un prestador que atienda a una persona con discapacidad y no le pagan”, afirmó.

Molero explicó que uno de los principales problemas se registra en el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a personas que reciben pensiones por discapacidad. Según indicó, el programa atiende a unas 32.000 personas que asisten a centros de día, centros de rehabilitación, escuelas y hogares, y que requieren además transporte y apoyos para la inclusión educativa.

“El problema es que muchas instituciones desde octubre no están cobrando las prestaciones. Muchas tampoco cobraron noviembre y pocas han cobrado diciembre. Esto genera una situación grave para sostener las instituciones”, señaló.

A esa situación se suma, según explicó, el atraso en los pagos por parte de PAMI. “El último mes que pagó fue noviembre. Después se anunció que el viernes aparentemente van a pagar, pero la situación general ya generó desorden y que las instituciones no tengan ingresos para cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.

Molero señaló que el problema no solo está vinculado a los pagos atrasados, sino también al valor de los aranceles que se pagan por las prestaciones. “Según nuestros cálculos, los aranceles están atrasados alrededor de un 40%. Hubo un aumento en enero de alrededor del 5,7%, pero no responde al atraso que existe”, explicó.

En ese contexto, señaló que incluso cuando se realizan pagos, los montos no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento. “Se suma que el arancel no cubre los costos y que además no se paga. Es muy difícil funcionar de esta manera”, afirmó.

Molero también cuestionó la falta de respuestas oficiales a los reclamos realizados por el sector. “Hemos mandado cartas al ministro de Salud y no hubo ninguna respuesta de ningún funcionario diciendo qué se iba a hacer”, sostuvo.

Según explicó, ante esta situación algunas instituciones comenzaron a reducir actividades o reorganizar sus servicios. “Hay prestadores que ya están cerrando algún día. Los transportistas hace tiempo que trabajan menos días o se arreglan directamente con los padres. Hay instituciones que están convocando a las familias para ayudar porque no pueden sostener el funcionamiento”, dijo.

Durante la conferencia también habló Adriana Salomone, de la institución DINAD, quien explicó el impacto que la falta de pagos tiene en el funcionamiento de los centros que brindan servicios.

“Los prestadores somos quienes brindamos los servicios a las personas con discapacidad. En el sistema está el Estado, que tiene que hacer funcionar el motor con el dinero, y detrás están todos los trabajadores del sector: enfermeras, personal de maestranza, profesionales, médicos, docentes, acompañantes terapéuticos y personal de mantenimiento”, explicó.

Según señaló, si los trabajadores no perciben sus salarios, el sistema deja de funcionar. “Si quienes brindan los servicios no pueden ir a trabajar porque no cobran, las personas con discapacidad quedan sin asistencia”, sostuvo.

Salomone explicó que en su institución aproximadamente el 50% de los usuarios son afiliados de PAMI y cerca de un 30% están cubiertos por Incluir Salud o pensiones no contributivas vinculadas al sistema de discapacidad. “Ninguno de ellos ha pagado las prestaciones”, afirmó.

La falta de pagos, explicó, genera un efecto inmediato en todo el sistema. “El no pagar es como venir a 180 kilómetros por hora y poner un freno de mano. Nos matamos todos. ¿Quién se perjudica? Las personas con discapacidad”, sostuvo.

También advirtió sobre la situación de los hogares que alojan a personas con discapacidad que no cuentan con redes familiares. “Tenemos muchas personas que están judicializadas y que ni familia tienen. La sociedad tiene que entender que es una responsabilidad de todos”, afirmó.

En ese contexto, explicó que algunas instituciones ya comenzaron a advertir a las familias sobre posibles dificultades para sostener el funcionamiento en los próximos meses. “Tuvimos que informar a las familias que en abril tal vez tengan que retirar a sus familiares o venir a colaborar porque no vamos a poder sostener todo el funcionamiento”, señaló.

En la conferencia también participó Jonathan Yeferley, conocido como “Jony de la Silla”, quien habló desde la perspectiva de las personas con discapacidad. “Las personas con discapacidad, sin nuestros apoyos, la verdad es que no podemos vivir. Queremos que el Gobierno cumpla la ley y pague a todos los trabajadores que brindan servicios”, sostuvo.

Yeferley señaló que la situación ya genera consecuencias concretas en la vida cotidiana de muchas personas. “Tengo un amigo que no puede salir de su casa porque el prestador se fue. Esa red de apoyos es la que nos permite tener una vida digna”, afirmó.

Según planteó, el reclamo trasciende las diferencias políticas. “Esto va más allá de la grieta. Es un colectivo de personas con discapacidad que necesita que el Estado esté presente y que el sistema funcione”, sostuvo.

La actriz Valentina Bassi participó de la conferencia de manera virtual y expresó su preocupación como madre de un adolescente con discapacidad. “Soy mamá de un adolescente con discapacidad y hablo en nombre de un montón de mamás. Tenemos una sensación de asfixia, no podemos más”, afirmó.

Según explicó, el problema central es la interrupción de la cadena de pagos dentro del sistema de prestaciones. “Reglamentaron la ley, pero no pagan. Cortaron la cadena de pago y eso es asfixiar a los hogares, a las escuelas, a los transportes y a las familias”, sostuvo.

Bassi señaló que, ante esa situación, muchas familias deben afrontar gastos que deberían estar cubiertos por el sistema. “Las familias nos tenemos que hacer cargo de pagar transporte o terapias. Los chicos se dan cuenta de que las cosas no están bien”, afirmó.

“Vamos a seguir luchando porque no nos queda otra. No podemos bajar los brazos porque son nuestros hijos. Pero el desgaste es tremendo”, concluyó.

LA NACION se puso en contacto con fuentes del gobierno nacional al tanto del futuro paro, que señalaron que se está llevando adelante un proceso de reorganización administrativa dentro del sistema de discapacidad.

Según indicaron, en los últimos días se avanzó con pagos a prestadores correspondientes a prestaciones adeudadas de meses anteriores y se continúa trabajando para regularizar los restantes. También señalaron que recientemente se aplicó un incremento en el valor de las prestaciones y que se habilitó un trámite administrativo para que los prestadores carguen solicitudes vinculadas a compensaciones previstas en la ley de emergencia. De acuerdo con esas fuentes, las prestaciones para personas con discapacidad continúan garantizadas.

En ese contexto, la convocatoria a la medida de fuerza para el viernes 13 y para el miércoles 18 y jueves 19 dejó planteado el conflicto en torno al financiamiento y a la continuidad del sistema de atención. Según se expresó en la conferencia, el reclamo ya no se limita al atraso en los pagos, sino que también alcanza al funcionamiento diario de hogares, centros de día, escuelas, transportistas y profesionales que brindan prestaciones a personas con discapacidad.