En las últimas horas, el debate sobre Ayotzinapa volvió a sacudir el tablero político mexicano, y no por los hechos en sí, sino por cómo se están interpretando y reescribiendo. Según Jorge Fernández Menéndez en su columna de hoy en Excélsior, lo que hay detrás de las acusaciones cruzadas entre figuras del oficialismo no es simplemente una disputa sobre la versión de los hechos, sino una lucha interna por el relato y el poder dentro de un movimiento que se presenta como monolítico.
Menéndez centra su crítica en Marx Arriaga y Jesús Ramírez, dos hombres cercanos al proyecto político que encabeza la Presidencia, a quienes acusa de intentar reconfigurar la historia de Ayotzinapa en los libros de texto y en la esfera pública. El eje de la polémica, dice, no son errores menores, sino la presentación del caso como un crimen de Estado cuando —según dice el columnista— las pruebas y las investigaciones concluyeron algo distinto durante el sexenio anterior.
Lo más grave, para el articulista, no es la disputa ideológica sino la manipulación de procesos judiciales y testimonios para implicar a los militares en los hechos de Iguala. Menéndez afirma que Ramírez y el ex subsecretario Alejandro Encinas habrían convertido a sicarios en testigos protegidos para sostener esa narrativa, lo que derivó en detenciones de mandos militares y tensiones incluso con altos mandos como el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
Lo que debería ser un examen serio y respetuoso de uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de México se ha convertido —en esta versión del columnista— en otra batalla por el relato. Un libro, respuestas públicas, acusaciones cruzadas y, sobre todo, la instrumentalización política de tragedias que no deben ser objeto de circo ni de ajedrez interno.
Que nadie se equivoque: esto no es una disputa académica sobre fechas o fuentes. Es una guerra por la memoria histórica, y en ese terreno donde danzan testimonios y teorías, quien controle el relato controla también la legitimidad política. Mientras tanto, los hechos —y las víctimas— siguen en el banquillo de los acusados.
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