Reforma penal juvenil: cómo crecieron los adolescentes que cometieron delitos graves

¿Qué pasó? Este jueves 12 de febrero se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que impulsa el Gobierno.

• Entre otros cambios, propone bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad. Sin embargo, se habla de un acuerdo entre los bloques del oficialismo y la oposición dialoguista para que la edad baje a 14 años.

¿Por qué es importante? Si se aprueba en Diputados y luego en Senadores, será ley y abriría la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos sean punibles, es decir, puedan ser procesados penalmente, juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad.

• Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años.

¿Cuántos adolescentes cumplen hoy una pena? En el país hay 4156 adolescentes que cumplen alguna pena por haber cometido un delito, según el último informe de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y Unicef.

• El 90% de esos chicos son de la provincia de Buenos Aires (52,1%), Córdoba (17,4%), Mendoza (11,2%), Santa Fe (5,8%) y CABA (3,3%).
• Los delitos más recurrentes son contra la propiedad (55,7%) y contra las personas (15%).

¿Qué se sabe de las trayectorias de vida de esos adolescentes? Según varios reportes de organismos del Estado* y organizaciones como Unicef a los que accedió LA NACION y difundió en una investigación, crecen desamparados, sin referentes adultos y en hogares pobres donde impera el desempleo o el empleo informal.

• Suelen abandonar la escuela, comienzan a hacer changas desde niños, sufren violencia en sus hogares y empiezan a consumir drogas a edades cada vez más tempranas.
• Antes de cometer un delito con consecuencias penales, suelen tener algún antecedente previo.

¿La baja en la edad de imputabilidad puede impactar en la cantidad de homicidios? De acuerdo a un informe de Unicef, “no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población”.

• La organización explica que, por ejemplo, en Argentina, que hoy tiene la edad de imputabilidad en 16 años, registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de otros países de la región, como Brasil y México, que alcanzan un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023 con una edad de imputabilidad de 12 años.

¿Qué argumentan quienes están a favor de bajar la edad de imputabilidad? Funcionarios del Gobierno nacional consideran que los menores que cometen “delitos de adultos, como puede ser un homicidio”, deben que tener “penas de adulto”.

• A su vez, esto podría disuadirlos de cometer delitos graves. “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, indicó Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

¿Qué argumentan quienes están en contra? Explican que antes de bajar la edad de imputabilidad se debería trabajar en los contextos en los que crecen los adolescentes; luchar contra el avance del narcotráfico; reforzar la prevención y el tratamiento de las adicciones entre niños y adolescentes; y trabajar en una mejor inserción en el sistema educativo.

• La Iglesia católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, prefiere señalar que debe combatirse el avance de las drogas y el narcotráfico. “Hay alternativas al encierro que son más eficaces para alejar a los menores del delito. La amenaza de la cárcel no les va a hacer efecto. Por eso el Estado debería sostener las políticas de cuidado y la red social comunitaria, no quebrarlas”, dijo a LA NACION el padre Adrián Bennardis, responsable de la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires.

*Reportes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil porteña, el Centro de Delegados Inspectores de Menores (CEDIM) de CABA, la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y Unicef.