Con el decreto de necesidad y urgencia que dispuso la disolución de la obra social de los militares y la creación de otras dos entidades para atender por separado las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, se estableció un año de plazo para la etapa de transición.

Uno de los interrogantes que se plantea con el decreto 88/2026 es qué pasará con la deuda que arrastra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que ronda los $200.000 millones, según distintas estimaciones coincidentes.

“La deuda la pagará el Estado”, aseguró a LA NACION una fuente cercana al ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei establece que “el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del IOSFA”. En sectores castrenses se habían generado expectativas de que la deuda fuera asumida por el Ministerio de Economía, lo que no quedó plasmado en la norma. De todos modos, en el entorno de Presti insisten en que será abonada por el Estado.

“Las medidas para definir la cancelación de la deuda serán determinadas por el Ministerio de Economía, que es quien asumirá todas las responsabilidades sobre la deuda actual de IOSFA”, aseguró la fuente ante una consulta de LA NACION. El jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, es uno de los ministros que refrendaron el decreto.

“A partir de la promulgación del decreto, la obra social de los militares deja de tener deudas y el pago de las mismas será una cuestión a resolver por el Ministerio de Economía, que determinará con los acreedores la forma de ir cancelándolas”, afirmaron cerca de Presti.

Militares de confianza

El titular de Defensa recurrirá a dos militares retirados para conducir el período de transición y la nueva obra social que atenderá a los casi 400.000 afiliados correspondientes a las Fuerzas Armadas.

El “IOSFA residual”, que deberá llevar adelante el proceso de liquidación de la entidad creada en 2013 por Cristina Kirchner, estará en manos del coronel mayor Ariel Guzmán. Y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) será presidida por el general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien se desempeñó como gerente general en IOSFA. Fue director del Hospital Militar Central y se le reconoce una buena gestión durante la emergencia de la pandemia.

El general Maldonado conducirá la nueva OSFA con un Directorio de cinco miembros -el IOSFA tenía diez integrantes-, designados por el ministro de Defensa, a propuesta de cada fuerza: dos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas. Durarán dos años en sus cargos y la presidencia del Directorio será rotativa. A diferencia de la estructura actual, ese presidente surgirá entre los cinco miembros del Directorio. En IOSFA era designado directamente por el ministro de Defensa, lo que ocasionó frecuentes choques con los directores.

El mayor Guzmán se desempeñará como administrador en el período de transición, con la función de “diagramar, supervisar y ejecutar el proceso de disolución y liquidación del IOSFA”, se indica en el decreto. Contará con el asesoramiento no vinculante de una Comisión Especial Ad-Hoc, compuesta por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, a los que se sumará un síndico designado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Para el control y la auditoría del proceso de transición.

Al margen de la cancelación de la deuda, otro interrogante frente al año de transición es la recuperación de la cobertura de salud para los casi 600.000 afiliados, que desde hace casi un año sufren los cortes de prestaciones extendidos en todo el país, principalmente en el interior. De ese padrón de afiliados, unos 400.000 quedarían en la obra social de las Fuerzas Armadas y unos 200.000 quedarían encuadrados en la obra social de las fuerzas de seguridad.

Al publicarse el decreto y el articulado anexo que regulará la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas no hubo referencias a la auditoría que había anunciado el exministro Luis Petri para deslindar responsabilidades en la conducción del IOSFA durante los dos años de su gestión y los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.

Según pudo saber LA NACION, la anterior presidenta de IOSFA, Betina Surballe, inició el proceso para la contratación de la auditoría integral de la gestión desde 2019. No hubo después información sobre el avance del proceso. Al terminar su gestión, el 10 de diciembre pasado, Surballe marcó como logros haber consolidado una baja del 60% del déficit de la obra social una estabilización de la deuda en el rango de los $200.000 millones, atribuida principalmente a la creciente inflación del año 2023 y el aumento de los costos de insumos, medicamentos y prestaciones por encima del costo de vida.