El Gobierno afronta la última semana de negociaciones antes que comiencen las extraordinarias

El gobierno de Javier Milei afronta la última semana de negociaciones puertas adentro antes de que comiencen las sesiones extraordinarias, para cuando buscará sancionar la reforma laboral y la ley de Glaciares como los principales ejes del temario. Ante los abundantes frentes abiertos del proyecto, el ala política deberá decidir qué está dispuesto a flexibilizar y qué no, para no terminar con un proyecto desguazado.

La semana comenzará con el jefe de Estado en Mar del Plata, como contó El Cronista, y la comitiva contará también con la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien le pondrá pausa por unos días al raid con gobernadores para volver a ponerse el traje de referente bonaerense.

Al regreso, fuentes del Gobierno adelantaron a este medio que tienen previsto llevar adelante otra reunión de la Mesa Política Nacional esta semana para ultimar los detalles de la estrategia y, además, el funcionario tiene previsto continuar con la agenda federal.

“Quedan varios gobernadores para ver, vamos a trabajar miércoles, jueves y viernes desde acá. Confirmaremos el lunes o el martes a quiénes”, aseguró un alto funcionario de la mesa ante El Cronista.

A Santilli le faltan tres reuniones, según el esquema que programó a principios de enero, y uno de los pendientes es Sergio Ziliotto, el crítico mandatario de La Pampa que le suspendió la reunión dos veces en una semana y aún no tuvo reprogramación.

Desde la Casa Rosada insisten con el optimismo de conseguir los votos para aprobar la reforma: nadie tiene dudas de eso, pero la pregunta se dispara en qué se va a aprobar. A priori, la comisión técnica que organizó la senadora Patricia Bullrich con la abogada Josefina Tajes en el Senado, que ya comenzó a activarse la semana pasada y se reunió con más de 20 instituciones, desliza que admitirán cambios, incluso a favor del sector gremial.

Reforma laboral de Milei: cuáles son los puntos en disputa en el Senado

Uno de los temas centrales es el cambio en el sistema de despidos. La reforma empuja un mecanismo alternativo al régimen tradicional de indemnizaciones: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estaría destinado a financiaría con el 3% de aportes mensuales del empleador y que el trabajador podría cobrar al finalizar la relación laboral.

La medida, según alegaron los creadores de la reforma, apunta a bajar litigiosidad y dar previsibilidad de costos. El tema fue cuestionado por los radicales, que temen un desfinanciamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), algo que en el Gobierno descartaron; y los propios pesos pesados de los industriales alertaron que podría llegar a sumar costos innecesarios para los empleadores.

No obstante, el proyecto tuvo un giro interno en las últimas semanas: el Gobierno ajustó la letra chica para el dictamen de diciembre y estableció límites y condiciones en el esquema de cese, un “cambio silencioso” que reordenó la ingeniería del fondo para hacerlo políticamente defendible ante críticas jurídicas y gremiales.

La discusión más pesada, sin embargo, es fiscal. El Ejecutivo propuso un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), pensado como el “anzuelo productivo” del paquete: incluye una amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, plazos más veloces de devolución de IVA y otros beneficios tributarios para incentivar la formalización del empleo.

Las cámaras empresarias y actores sectoriales piden flexibilizar requisitos y recalibrar condiciones de acceso, con la advertencia de que, tal como está, podría quedar reservado para muy pocos jugadores. El punto más sensible para este sector, de todos modos, es el artículo 128, la quita de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales.

La medida la defiende a capa y espada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en línea con la Cámara de Comercio, ADMIRA y otras entidades empresariales, comprometería su sostenibilidad financiera.

Otro de los ejes refiere a la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, ya que el sector empresarial, si bien depende la medida, advirtieron que no pueden “caer de un día para otro” ya que eso podría generar más caos que soluciones.

Los pedidos también llegaron desde las provincias: los aliados buscan frenar la reducción de los recursos coparticipables que se verían afectados por la baja de las alícuotas de Ganancias. En Balcarce 50 intentaron relativizar el tema, mientras que negocian con los aliados amortiguar el impacto fiscal.

Una propuesta que trascendió entre los aliados como el entrerriano, Rogelio Frigerio, y el mendocino, Alfredo Cornejo, es correr ese capítulo para el año 2027, de manera de no atar a las provincias a un recorte de ingresos en un año de ajuste y fricción por obra pública.

Otra modificación clave que se agregó en el dictamen es que el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá el control de decidir cuándo hacer entrar en vigencia los beneficios impositivos y así no alterar el equilibrio fiscal.

Desde el Gobierno alegan que no hay peligro para las provincias ya que para cuando empiece a regir la baja impositiva ya para ese entonces la recaudación se vería beneficiada por los efectos de la reforma laboral. Sin embargo, los funcionarios revelaron que no hay una previsión de cuánto esperan aumentar el empleo formal con ello.

La presión gremial y el peronismo blindado

Del otro lado, los gremios continúan presionando a través de conversaciones con senadores y gobernadores. Sin embargo, hasta ahora no hubo un gesto de la política a su favor: un gesto contundente fue la firma del dictamen de diciembre.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) operan contra el FAL y las medidas que perjudican de lleno la billetera gremial, como es la eliminación de la obligatoriedad de los aportes, la reglamentación del derecho a huelga que limitaría el poder de fuego de los sindicatos y las modificaciones a los convenios (la caída de la ultraactividad y la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad).

Otro punto del dictamen que incendió al sector es el retoque sobre sentencias judiciales, celebrado por PyMES como una forma de evitar que una condena laboral “mate” financieramente a una empresa chica, pero temido por sindicatos como un paso hacia un sistema que amortigua sanciones empresariales.

Las conversaciones de los gremios con el cordobés Martín Llaryora y el radical santafecino Maximiliano Pullaro no bastan para ponerle un freno a Milei: el punto estará en conseguir que los gobernadores del peronismo afín al Gobierno, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Cajamarca), quienes tienen la llave para inclinar la balanza.

Las probabilidades de que suelten la mano no son nulas, puesto que mostraron incluso durante el tratamiento del Presupuesto 2026 tener autonomía. Sin embargo, la transferencia de la empresa minera Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) a Catamarca encendió alarmas de desconfianza.

La inclusión de la Ley de Glaciares en el temario de extraordinarias tampoco fue casual, ya que Jalil es uno de los mandatarios, junto a Marcelo Orrego (San Juan) y Cornejo (Mendoza), especialmente interesados en delimitar la protección a glaciares “estratégicos” y otorgar poder provincial sobre la explotación.