En tensión con la CGT, el Gobierno dilata un pago millonario por las deudas con las obras sociales

En plena tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la reforma laboral, el Gobierno mantiene una deuda de cerca de 37.000 millones de pesos con las obras sociales gremiales por reintegros para medicamentos y tratamientos subsidiados.

El monto adeudado por el Gobierno ronda los 60.000 millones de pesos, por el que en octubre pasado, en la previa de los comicios, acordó con los gremios un esquema de tres pagos entre ese mes y diciembre. Pero hasta ahora se pagó poco más de un tercio de lo comprometido: 23.000 millones de pesos.

En el Poder Ejecutivo aseguraron que si bien la intención del ministro de Salud, Mario Lugones, era dejar “a cero” la deuda para fin de año, eso no fue posible. Alegaron que el reclamo de los gremios implicaba tramitar 2,3 millones de solicitudes de diferentes años, incluso previos a 2021, y que cada uno de esos expedientes debe ser revisados manualmente, lo que aseguran, dilató los tiempos de pagos.

En el Gobierno aseguran con vehemencia que la dilación en los tiempos de pago “no tiene nada que ver” con el conflicto con la CGT por la reforma laboral. Afirman que se trata de “una demanda histórica”, con “casi seis años de deuda” a partir de reclamos que vienen desde 2019.

En la Casa Rosada remarcan que “tal magnitud de solicitudes se revisan una por una”, que el proceso iniciado en octubre seguirá avanzando y que el objetivo es “pagarlo todo”. Agregaron que el trabajo se va haciendo “por tandas” y que, “cuando hay un volumen significativo, se paga”. No explicaron cuando se reactivarán esas tandas y por qué se cortaron tras el primer pago.

De todos modos, insistieron en que está la voluntad de pagar porque es “una deuda legítima” y que se “tramita todo ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)”, el organismo encargado de controlar obras sociales y prepagas, que está bajo la órbita de Lugones, quien ubicó allí a Claudio Adrián Stivelman.

Según publicó LA NACION en octubre pasado, el acuerdo entre Lugones, y los gremios era distribuir el monto total en tres etapas entre todas las prestadoras médicas que hayan presentado sus expedientes en regla.

El primer pago se debía concretar antes de fin de octubre y los dos restantes entre noviembre y diciembre. Y la negociación también contemplaba una tregua en la conflictividad en los últimos meses de 2025, algo que desde la CGT rechazaban de manera tajante.

De todos modos, la relación entre la CGT y el Gobierno se tensó en las últimas semanas con cada detalle que trascendía de la reforma laboral.

El gremialismo tuvo su representación en el Consejo de Mayo, en el que se trabajó parte del texto de la “modernización laboral”, con Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) como representante. Para mostrar su incomodidad con el texto final presentado por el Gobierno, Martínez no asistió el día de la presentación en la Casa Rosada.

El dinero para regularizar la deuda con las obras sociales sindicales proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo financiamiento surge del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios.

Un porcentaje de ese fondo, durante la gestión del Frente de Todos, se derivó a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y apelar a ella para reintegrar el dinero por prestaciones subsidiadas, como las de alto costo o discapacidad. Cuando Alberto Fernández dejó la Presidencia, ese dinero quedó allí y desde entonces no se utilizó, según un gremialista que está al tanto de la negociación con la SSS. Calculan en la CGT que podría haber allí unos $300.000 millones.

Frente a esa retención de fondos que aportan los trabajadores, desde el Gobierno afirman que llegaron a tramitar expedientes por reclamos que databan desde hace diez años. “Se organizó todo esa situación y se decidió hacer los pagos. Esto viene de antes y sigue en continuado, pero sin fecha”, dijeron las fuentes consultadas en las filas libertarias.

Este jueves, los sindicalistas de la CGT se movilizaron a Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada amenazaron con un paro general. Poco después, desde el oficialismo anunciaron la postergación del debate por la reforma laboral para febrero, lo que en el sindicalismo fue leído como una señal de que ahora tendrán más tiempo por delante para negociar.

En el oficialismo y la oposición, en cambio, esa postergación se interpretó como la consecuencia de la fallida votación del presupuesto y las tensiones reabiertas con los aliados.