Una propuesta de reforma educativa con puntos polémicos

“Donde hay educación, no hay distinción de clases”, sentenció alguna vez el filósofo español Fernando Savater, una máxima que aplica al reconocimiento de la génesis y del recorrido triunfal de nuestra escuela pública durante más de un siglo. También ese dogma funcionó como base de razón para la expansión de la escuela privada, crecimiento que se dio en las últimas décadas de la mano de los problemas que generaron a las familias los conflictos, no solo gremiales, que hacían perder días y horas de clases a sus hijos, atentando así contra sus saberes.

Desde fines de los años noventa la escuela argentina sufrió cambios, positivos en cuanto al incremento de su matrícula, sobre todo en la educación media e inicial, donde se expandió la inscripción. Seguramente muchos coincidiremos en que también la escuela secundaria es el “talón de Aquiles” del sistema educativo, teniendo en cuenta la baja tasa de terminalidad en tiempo y forma y los problemas de aprendizaje que tienen los alumnos que culminan el proceso educativo en el nivel básico. Pero, principalmente, no podemos soslayar que la educación argentina sufrió un estancamiento en cuanto a su calidad. Las pruebas de evaluación así lo demuestran, incluso aquellas que nos comparan con países de la región tomadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (Llece) de la Unesco. Argentina tiene que hacer algo para mejorar su educación, pero ese “algo” debe estar provisto de los mismos nervios que hicieron de nuestra escuela un faro educativo para el mundo.

La reforma educativa que presentó días atrás el gobierno es ambiciosa y está influenciada por el mismo camino que intentó tomar Donald Trump en Estados Unidos en su primer gobierno, es decir “romper” el sistema educativo -lo hizo sin suerte- porque una cosa es la descentralización de la administración de los sistemas provinciales o municipales pero con un objetivo común amparado en la concepción de una pertenencia al mismo estado nacional, y otra es el libre albedrío, por peligroso y elitista que puede terminar resultando.

La reforma presentada por el gobierno está amparada en una norma general, cuyo nombre es Ley de Libertad Educativa. Un criterio tramposo para esconder un objetivo final que sería romper con un sistema integrado a nivel nacional e incluso atentar contra los sistemas provinciales.

La propuesta tiene aspectos positivos, como el examen final del último año de la escuela media, que puede servir a los alumnos para saber presentarse ante el mundo de la educación superior y el mercado formal de trabajo. En Brasil y en Chile hicieron eso, y les fue muy bien. También todo lo que propone el capítulo de fortalecimiento de la evaluación educativa es positivo.

Pero, básicamente incorpora otros puntos polémicos y que pueden ser perjudiciales, como aquel donde reconoce la autonomía “pedagógica y curricular para todas las instituciones educativas del país, tanto estatales como privadas”. En este sentido, la iniciativa habilita a cada institución a definir “su proyecto institucional, sus métodos de enseñanza, su organización interna y su calendario escolar, así como participar en la selección del personal docente, dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales”. Primer punto para, al menos, no coincidir. La escuela es organizadora de la agenda familiar, horarios y días, es muy complicado muchas veces para los equipos de conducción de las escuelas hacer coincidir a los padres de un grado en algo sencillo como una actividad extracurricular. Imaginemos qué problema sería para toda una escuela hacer coincidir a todos los padres en el calendario, horario y los currículos. Sobre todo con padres que trabajan y tienen poco tiempo para hacerse cargo de la escuela, mucho más si se deben ocupar también de la contratación de los equipos de conducción, como el director de cada escuela, metodología pensada para las escuelas charter, financiadas por demanda y no por oferta, con participación de las familias en los Consejos de Administración, donde aún allí no se rompe la lógica de la integración, y los calendarios son similares en todos lados. Algunas familias podrían verse ante el inconveniente de que un hijo vaya a una escuela media con un calendario y un horario determinados y su hermano a una primaria con otra organización institucional. Algo elemental que está muy mal presentado y que anticipa problemas en lugar de soluciones para las familias.

El proyecto también incluye diferentes opciones para financiar la oferta y la demanda educativa. En concreto, se contemplan asignaciones otorgadas a las familias o alumnos por medio de vales, bonos, becas y otros instrumentos equivalentes. Los famosos “vouchers”.

Además, el gobierno nacional parece entrar en una enorme contradicción: si la ley busca claramente desentender al estado nacional de responsabilidades en educación, principalmente del financiamiento, dejando esto en manos de las provincias, ¿para qué quiere cambiar el modelo de financiamiento de oferta a demanda si no será su problema? Al menos en el articulado del proyecto está claro que no busca asumir responsabilidades sino quitárselas de encima. Además, hay distritos donde la escuela privada atiende la mitad de la matrícula, como en CABA, el conurbano, Córdoba Capital, Mendoza. Allí, los establecimientos privados ya reciben subsidio a la oferta de parte de los estados provinciales. Si además se subsidia la demanda esto va a generar un hecho inédito, donde la educación privada será la única actividad que recibe contribución en la oferta y la demanda, generando un privilegio en comparación con el resto.

Quizás lo más novedoso es la promoción del homeschooling, la educación hogareña, que se diferencia de la educación virtual o a distancia -como fue en la pandemia- porque corre el foco de las instituciones tradicionales y lo pone en las familias: ellas son quienes deciden, respetando los contenidos mínimos, cómo enseñar, por cuánto tiempo, qué materiales usar y deben buscar y personalizar la educación a los intereses de cada niño o niña. Básicamente son docentes particulares o los propios padres quienes eduquen a sus hijos, el proyecto de ley no especifica una edad mínima para implementar la educación desde el hogar ni tampoco si se puede utilizar solo la Inteligencia Artificial para que los chicos accedan a la información y a los contenidos. Un punto de atención allí. Claramente este artículo parece pensado para sociedades desarrolladas, con familias de ingresos superlativos. En la Argentina, con el 60% de los chicos bajo la línea de la pobreza, ningún padre de clase trabajadora o clase media podría acceder a pagar docentes particulares. Podría funcionar para algunos sectores, pero aun así iría en desmedro de la integración social, por la ausencia de interacción entre grupos sociales -la de los alumnos en una escuela con sus pares-. Y también en un sentido geográfico: aislados en sus hogares donde solo están destinados a interactuar en línea, esto significará la consolidación de una desigualdad social que nace en la distribución de los grupos sociales en determinados espacios físicos o de convivencia. Esta iniciativa en particular no promueve la integración de la sociedad, al separar de ella a unos grupos minoritarios. Y es difícil pensar que, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, pueda haber en el futuro niños y niñas que no experimenten, por no estar expuestos, la idea de la integración social.

La potenciación del homeschooling seguramente traerá problemas como el aislamiento social y la falta de autonomía en los niños, y puede afectar el desarrollo de habilidades interpersonales y la exposición a diversas perspectivas: la presión y agotamiento para los padres que deben cubrir todos los roles educativos; dificultades para acceder a recursos y especialistas, además de potenciales problemas de salud mental si no se gestiona bien el aislamiento. Y generará más desigualdades donde no hay recursos económicos suficientes.

Siempre es bueno debatir sobre educación, los especialistas están ante una gran oportunidad de dar la discusión, pero, sobre todo, la sociedad también debe opinar. Estamos ante un proyecto educativo muy interesante para leer e intercambiar ideas, pero demasiado ambicioso y en algunos aspectos pernicioso para ponerlo en práctica en un contexto social y económico donde la escuela y las familias necesitan ayuda y no más obligaciones, dejándolas libradas a su suerte.