Punto por punto, las claves del Presupuesto 2026 que aprobó Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto 2026. El texto fue votado con 132 votos positivos, 97 negativos y 19 abstenciones, con ayuda de los gobernadores aliados y el interbloque del PRO-UCR.

El proyecto contempla gastos totales por $ 148 billones, con un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1% para el año próximo, un tipo de cambio a $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del 5% del PBI.

Sin embargo, el artículo 75 del Capítulo XI, que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, fue rechazado por 117 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones pasadas las 1.30 de la madrugada. Se trata de dos leyes que Milei vetó y que el Congreso insistió con dos tercios, lo que generó un fuerte debate durante toda la jornada.

Para avanzar en la negociación fue clave la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien funcionó como interlocutor junto al jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Según adelantó El Cronista, el Gobierno también acordó incorporar un artículo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el pedido del PRO de incluirlo en el Capítulo II finalmente no prosperó.

El mandatario porteño demandaba que se incluya un pago por goteo diario o semanal del 2,95% de la coparticipación que establece la medida cautelar, ya que consideraba “discrecional” el adelanto que recibe.

Los únicos gobernadores que apoyaron en su totalidad el texto del Gobierno fueron el sanjuanino Marcelo Orrego y el tucumano Osvaldo Jaldo. El mendocino Lisandro Nieri, que responde a Alfredo Cornejo, firmó en disidencia junto a los diputados del PRO Fernando De Andreis y Diana Fernández Molero, quienes integran la comisión de Presupuesto y Hacienda y responden al macrismo puro.

Para avanzar en la negociación sobre el reclamo de coparticipación porteño fue clave la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, quien funciona como interlocutor junto a Ritondo y adelantan que se vienen más giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias clave en las próximas horas.

Educación: recorte a universidades y derogación de la ley de financiamiento

El proyecto destina $ 7,7 billones a la función Educación y Cultura, lo que implica una caída real del 1% con respecto a 2025 y del 47,7% con relación a 2023.

El texto original derogaba el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI, una meta que solo se cumplió en 2015 desde su creación en 2005. Sin embargo, este punto quedó sin efecto tras el rechazo del Capítulo XI.

Las universidades nacionales recibirán $ 4.872 millones, lo que representa una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. El dictamen aprobado en comisión incluía además la derogación de la ley de financiamiento universitario, que establecía actualizaciones por inflación desde 2023, pero tampoco prosperó.

El presupuesto contempla $ 90.000 millones para los vouchers educativos, una caída real del 13,5% con respecto a 2025, que refleja la baja en las solicitudes registrada este año. Por el contrario, se prevé un aumento del 4,1% real en la inversión destinada a becas en general, como las Progresar.

El Plan Nacional de Alfabetización recibirá unos $ 580.000 millones, un incremento real del 39,3% con respecto a los $ 352.000 millones presupuestados en 2025.

El Gobierno otorga un aumento del 17% para el área de Salud y un 8% en Educación, con hincapié en el incremento para las universidades nacionales, aunque no incluye la derogación de la ley de emergencia en pediatría, ya que consideran que la demanda ya fue saldada con los aumentos salariales para el Hospital Garrahan.

Jubilaciones: bono congelado y recorte a pensiones por discapacidad

Las prestaciones sociales tendrán un aumento real del 5,7% en 2026, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Las partidas destinadas a las jubilaciones muestran un incremento real del 6%, pero los fondos para el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de la mínima caerán 13,8% real, lo que implicaría mantener el beneficio en $ 70.000 (congelado desde marzo de 2024) durante todo el año próximo.

Bajo estas condiciones, la jubilación mínima caería en torno al 1% en 2026, mientras que el resto tendría un incremento del 2,2%. El proyecto contempla aumentos salariales para los jubilados, pero el bono extraordinario permanecerá sin actualizaciones, afectando principalmente a quienes cobran la mínima.

El presupuesto registra una caída del 10,6% real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155.000 beneficios, según se desprende del análisis de la OPC. El proyecto oficial también propone la derogación de la Ley de emergencia en discapacidad, que establecía aumentos en las partidas del área y cuya suspensión fue declarada inválida por la Justicia Federal.

Asistencia social: más AUH, pero menos ayuda alimentaria

Las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025, y particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un incremento del 6,4% real.

La prestación Alimentar tendrá en 2026 una caída del 1,52% real con respecto a los gastos de 2025. En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios presentan un recorte del 28,9%, lo que genera preocupación en organizaciones sociales que alertan sobre el impacto en la asistencia alimentaria de sectores vulnerables.

Con respecto a los planes de empleo, se proyecta una caída real del 70,6% en los fondos destinados al programa Volver al Trabajo (destinado a la capacitación laboral de personas de hasta 49 años), lo que implicaría una reducción del 66% de los $ 78.000 que actualmente cobran los 950.000 beneficiarios. Por el contrario, el programa de Acompañamiento Social (para personas mayores de 50 años) tendrá un aumento del 49,7% en términos reales.

El rechazo del Capítulo XI: lo que quedó afuera

El Capítulo XI fue rechazado en pleno por 117 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones. Bajar este capítulo tuvo su costo, ya que también contemplaba la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre del 2026 y la actualización trimestral de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad, que garantiza que, de no ser establecidos por el Ministerio de Salud, se actualizarán por inflación.

Además, dentro de este apartado se encontraba la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías para que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza quedaran eximidas. También se desenganchaba la movilidad de las asignaciones familiares de las jubilaciones.

El Gobierno incluyó a último momento en el Capítulo XI un artículo sobre el financiamiento del Poder Judicial y otro que prometía cumplir con el fallo de la Corte Suprema para la deuda de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, aunque este último no se ubicó donde el PRO lo exigía.

Regla Fiscal e Inocencia Fiscal: los otros proyectos en agenda

Inocencia Fiscal: aprobada en la misma sesión

Durante la misma sesión, Diputados aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal, la iniciativa del ministerio de Economía para “sacar los dólares del colchón” y permitir que los argentinos utilicen sus ahorros de la informalidad.

La iniciativa propone cambios en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Plantea elevar los montos por evasión fiscal, incrementar los valores en otros tipos penales y otras sanciones administrativas, y reducir el plazo de prescripción del delito de evasión a 3 años para limitar las denuncias penales.

También brinda mecanismos para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación -con un plazo de 30 días desde su notificación- y “blinda” jurídicamente el Régimen Simplificado de Ganancias para que no se revisen los tres períodos fiscales anteriores del contribuyente, a menos que ARCA detecte irregularidades.

Con este incentivo, el Gobierno espera un incremento en la recaudación. Según el INDEC, hay u$s 250.000 millones en dólares “debajo del colchón”.

Presupuesto 2026: ¿qué sigue ahora?

El proyecto pasa ahora al Senado, donde el Gobierno deberá renegociar el texto, especialmente el artículo rechazado sobre la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades.

La estrategia oficial quedó en evidencia durante la sesión: presionar con artículos clave para los gobernadores en el mismo capítulo que contenía las derogaciones polémicas.

La maratónica jornada dejó en claro que, si bien el oficialismo logró aprobar su primer presupuesto, las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados seguirán siendo el desafío central para el resto de la agenda legislativa.