La Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México (INMEP), establecida por la Ley de Implementación del T-MEC en Estados Unidos, presentó, en la Tercera Reunión 2025 del Consejo Laboral del T-MEC, el nuevo informe con conclusiones mixtas sobre el avance de la reforma laboral mexicana.
El encargado fue Ben Davis, director de asuntos internacionales del Sindicato de Trabajadores del Acero (USW) y miembro de la INMEP, quien enfatizó que si bien existen aspectos positivos, los mecanismos actuales son insuficientes para transformar las condiciones de la fuerza laboral.
Davis explicó que el propósito central de la Junta es "monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral mexicana y el cumplimiento de sus obligaciones laborales y avisar al gobierno de Estados Unidos sobre el desarrollo de capacidades para apoyar tal implementación y cumplimiento".
Reconoció los avances como la creación del Centro Laboral y los tribunales, el aumento del salario mínimo y la utilidad del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR). Destacó que casos presentados, como "el caso de General Motors, el de Goodyear y últimamente el de Yasaki... han sido o pueden ser muy consecuentes para las relaciones laborales".
Sin embargo, el balance general de la Junta es crítico. Tras seis casos llevados a un panel de arbitraje, incluyendo la "primera victoria" para los trabajadores en el caso Atento, Davis concluyó que la herramienta no ha cumplido con su potencial transformador.
"Es un mecanismo relativamente rápido, pero en términos absolutos no es suficiente y el impacto ha sido bastante limitado", sentenció. Señaló que los 45 casos presentados hasta la fecha bajo el MLRR sólo cubren entre el uno y el dos por ciento de la fuerza laboral en la minería y la manufacturera en México.
Una de las preocupaciones más agudas se centra en la seguridad de los trabajadores y el panorama sindical. El director de asuntos internacionales del USW calificó como "muy preocupante" el crecimiento de grupos sindicales tradicionales con nuevas afiliaciones.
"Estamos viendo un crecimiento de sindicatos como los viejos, como la CTM, como la FASIM, pero también el CATEM... en mi juicio personal con todos los vicios e impedimentos de los históricos charros, entonces no sé si se llaman neocharros o qué, pero están creciendo, están ganando, adquiriendo más influencia, más poder", denunció.
Agregó que la lentitud del proceso del Mecanismo de Respuesta Rápida, que toma un promedio de un año para una decisión, resulta inaceptable para quienes sufren represalias: "es mucho tiempo para trabajadores que están excluidos de su lugar de trabajo, que están en las listas negras, que están monitoreados, que están amenazados físicamente en muchos casos y muy desprotegidos."
Entre las recomendaciones para fortalecer el MRR, la más importante busca revertir la carga de la prueba en los casos, proponiendo que "la carga de la prueba debe caer en la empresa para producir la información necesaria que está dentro del control de ellos y no de nosotros".
Finalmente, la Junta instó a que se confirme oficialmente que la responsabilidad del panel sea analizar el caso "desde una postura protrabajador en base a los derechos humanos laborales".

