El Cabildo de Cuernavaca otorgó la calle Santa Prisca a la asociación religiosa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que construirá un templo.
El cabildo, encabezado por el alcalde emanado del PAN, José Luis Salgado, informó que la operación se concretó días después de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que amplió las facultades de los ayuntamientos para enajenar bienes públicos sin autorización del Congreso.
La diputada federal Meggie Salgado, la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos de Vistahermosa Reforma, Marta Moreno, el abogado Juan Carlos Juárez y representantes de diversas organizaciones vecinales quienes advirtieron que la decisión se aprobó sin transparencia, con expedientes incompletos y sin estudios técnicos ni ambientales que justifiquen la operación.
“Aunque en el Cabildo se formalizó como una permuta, los ponentes señalaron que, en la práctica, se trató de la entrega de una calle pública a una institución religiosa. La operación involucró dos predios con usos de suelo distintos: el de Santa Prisca, donde se reportó la tala de aproximadamente 70 árboles, y otro ubicado entre Calzada de los Estrada y calle Jojutla”, se indicó.
La diputada Meggie Salgado señaló que las solicitudes de acceso a la información han sido respondidas de manera incompleta.
“No se puede aprobar un proyecto de esta magnitud sin transparencia, sin dictámenes y sin informar a la ciudadanía. Exigimos la suspensión de la permuta hasta contar con una justificación técnica y legal”, mencionó.
Durante la sesión de Cabildo del 12 de noviembre, la permuta fue aprobada con el único voto en contra del regidor Gabriel Rivas, quien cuestionó la falta de estudios y la prisa con que se procesó el acuerdo. Mientras que el regidor morenista Alan Moreno llegó tarde y se incorporó solo a dejar su voto a favor.
“Los participantes alertaron que la reciente reforma a la Ley Orgánica Municipal permite que los ayuntamientos cedan, donen o permuten bienes con solo el voto de dos terceras partes del Cabildo, sin contrapesos externos. Advirtieron que conceptos como interés público y beneficio colectivo carecen de definición jurídica clara y facilitan decisiones discrecionales contrarias al espíritu de los artículos 115 y 134 constitucionales”.


