La administración del presidente Donald Trump prepara una reforma profunda para combatir los fraudes y abusos dentro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que actualmente brinda ayuda alimentaria a más de 42 millones de personas en Estados Unidos. Como parte de esta reestructuración, se implementaron nuevos requisitos que condicionan la permanencia de los beneficiarios, que incluyen un mínimo de horas de trabajo mensuales.
La ley One Beautiful Bill, impulsada por Trump, entró en vigor el 1° de diciembre de 2025. Bajo esta legislación, aumenta el rango de edad de los beneficiarios obligados a cumplir requisitos laborales: ahora aplica para personas de 54 a 64 años, quienes deberán trabajar, capacitarse o realizar voluntariado por al menos 80 horas al mes en actividades aprobadas por el programa, informó Fox News.
Estos requisitos aplican tanto para nuevos solicitantes como para beneficiarios actuales cuando llegue su periodo de recertificación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la nueva norma podría reducir el número promedio mensual de adjudicatarios en hasta 2,4 millones durante los próximos 10 años.
La administración Trump argumenta que los costos de SNAP “han crecido sin control” debido al fraude y a la dependencia prolongada del programa, señalando prácticas como cuentas duplicadas y pagos a personas fallecidas.
El Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado durante octubre de 2025, que también se modificó la regla sobre las exenciones para los padres o familiares a cargo de un menor, al bajar la edad límite de 18 a 14 años.
La dependencia también anunció que desaparecerán las excepciones que antes cubrían a las personas sin hogar, veteranos y a las personas que tienen 24 años o menos, y que estuvieron bajo la tutela del estado cuando cumplieron la mayoría de edad.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que supervisa el SNAP, anunció que el gobierno de Trump restringirá los recursos del programa a todos los estados que no compartan datos sobre los beneficiarios, de acuerdo con Forbes.
Brooke Rollins, secretaria del departamento, indicó que es necesario que los estados compartan esta información debido a los fraudes y abusos de los afiliados, por ejemplo, personas que todavía cobran recursos de familiares que ya fallecieron o que reciben ayuda de múltiples estados de forma simultánea.
La secretaria señaló que la mayoría de los estados, 29 de los 50, ya compartieron los datos de los beneficiarios de SNAP, mientras que 21 se negaron a la petición. El gobierno solicita, entre otros requerimientos, el nombre completo y el estatus migratorio de los afiliados.
“Si un estado no comparte datos sobre el uso delictivo de los beneficios SNAP, no recibirá ni un dólar de la financiación administrativa federal. Veamos cuáles defienden la rendición de cuentas y cuáles simplemente protegen sus esquemas de soborno”, puntualizó Rollins en su perfil de X.
La administración federal estableció una fecha límite para que los estados que aún no comparten la información de los afiliados la entreguen, que se estableció para el 8 de diciembre de 2025, aunque 23 territorios del país presentaron una demanda a la petición.


