Eficiencia y transparencia, los pendientes del Capítulo Laboral del T-MEC
A cinco años de su entrada en vigor, el capítulo laboral del T-MEC y, en particular, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), ha mostrado avances relevantes en la protección de los derechos colectivos en México, pero también enfrenta cuestionamientos sobre su operación, alcance y las expectativas que genera entre trabajadores, empresas y gobiernos. Especialistas y organizaciones señalan que, aunque el instrumento ha permitido visibilizar prácticas ilegales, su eficacia depende de fortalecer la institucionalidad mexicana y reducir la asimetría con Estados Unidos y Canadá.
Desde Ottawa, Canadá, en donde se realizó la tercera reunión del Consejo Laboral del T-MEC 2025, se reconocieron los avances logrados, aunque con cautela. Representantes del país señalaron que, pese al progreso, “siguen habiendo desafíos para la operación efectiva del capítulo”, especialmente en lo relativo a “garantizar cumplimiento total, proteger los derechos laborales o responder a las presiones probables que afectan a los trabajadores en los tres países”.
Te puede interesar
Empresas
México propone crear un foro laboral tripartito en el marco del Consejo Laboral del T-MEC
La evaluación canadiense corrió a cargo de Rakesh Patry, director general del Programa Laboral de Empleo y Desarrollo Social, y Mary-Catherine Speirs, directora General en Asuntos Globales de Canadá; subrayan que la operación del mecanismo debe sostenerse con mayor claridad y uniformidad, sobre todo ante el incremento de casos registrados en México.
En su turno, Gabriel Tamariz, funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, defendió la solidez de la actuación del gobierno mexicano y destacó que el país ha cumplido de manera estricta con los compromisos pactados. La STPS afirmó que el proceso “se centra en garantizar un proceso rápido, neutral, imparcial y riguroso” y sostuvo que “México ha cumplido siempre con los plazos y procesos de este mecanismo; en ninguno de los 41 casos que hemos investigado a la fecha se ha rebasado algún plazo establecido en el tratado”.
Para reducir dudas y mejorar la rendición de cuentas, México anunció nuevas medidas de comunicación institucional. A partir del próximo mes, informó, las Secretarías de Trabajo y Economía emitirán comunicados conjuntos que detallen cada fase de los casos. Según la autoridad laboral, el objetivo es que la ciudadanía “conozca con más transparencia cómo vamos los casos del mecanismo”.
Estados Unidos, encabezado por Ana Guevara, subsecretaria Adjunta para Asuntos Internacionales y Katy Mastman, representante Comercial Adjunta, enfatizaron que el MLRR debe operar con los tiempos estrictos previstos desde su diseño, recordando que fue creado “para tener una respuesta rápida, como dice su título, y esos tiempos están claramente establecidos para garantizar que el mecanismo sí cumpla con su promesa”.
Washington también defendió la necesidad de reforzar la rendición de cuentas y señaló que “el Departamento de Labor y USTR ha emitido lineamientos que nos señalan cómo se debe presentar quejas o peticiones y cómo se manejan estos casos dentro del marco del mecanismo”.
El compromiso estadounidense incluye un respaldo financiero continuo para fortalecer la reforma laboral mexicana. Las autoridades recordaron que, junto con Canadá, han destinado más de “200 millones de dólares de asistencia para la reforma laboral de México”, y adelantaron que están “cerca de asignar nuevos acuerdos de cooperación por un valor de más de 10 millones de dólares que fortalecen la aplicación de la ley a nivel estatal y local”.
El balance de los socios evidencia que, aunque el mecanismo ha marcado un punto de inflexión en la vigilancia laboral, la consolidación del modelo exige mayor claridad procedimental, comunicación oportuna y una cooperación regional más ágil y transparente.
También te puede interesar
Un dermatólogo reveló qué cinco hábitos que parecen inofensivos destruyen el colágeno
La OCC de EE. UU. ha advertido a Wall Street sobre la "desbancarización" de industrias como los activos digitales, calificando tales prácticas como "ilegales".
