Japón está preparando su reforma más amplia de la supervisión de criptomonedas en casi una década, preparando el terreno para un sistema que trataría los activos digitales mucho más como productos de inversión tradicionales.
El movimiento sigue a meses de deliberaciones gubernamentales y una serie de propuestas regulatorias que han surgido constantemente a lo largo de 2024 y 2025.
En conjunto, muestran un cambio decisivo en cómo el país pretende gestionar la actividad de trading, las operaciones de exchange y la protección del inversor.
El último paso llegó esta semana después de que la Agencia de Servicios Financieros publicara un informe detallado del Grupo de Trabajo del Consejo del Sistema Financiero.
El documento establece un plan para alejar la regulación de criptomonedas de la Ley de Servicios de Pago, que ha regido el sector desde 2016, y llevarla a la Ley de Instrumentos Financieros y Exchange.
Fuente: FSA de Japón
Este cambio colocaría a las criptomonedas bajo el mismo paraguas legal utilizado para la negociación de valores, divulgaciones y reglas de conducta del mercado. Los reguladores dijeron que el cambio refleja cómo ha cambiado el mercado, señalando que la mayoría de los usuarios ahora interactúan con las criptomonedas como una inversión.
Los datos del gobierno muestran que más del 86% de los usuarios domésticos operan con la expectativa de ganancias de precios a largo plazo, mientras que los depósitos en plataformas registradas han superado los cinco billones de yenes.
El Grupo de Trabajo concluyó que el marco actual ya no coincide con los riesgos que plantea un sector dominado por el trading especulativo, grandes entradas de inversores y complejos esquemas de emisión de tokens.
Al colocar las criptomonedas dentro del libro de reglas de valores, las autoridades pretenden imponer requisitos de divulgación más estrictos, particularmente para las ventas de tokens realizadas por exchanges.
El informe destaca las ofertas iniciales de exchange, enfatizando la necesidad de información previa a la venta, auditorías de código independientes y descripciones más claras de quién controla un proyecto.
Incluso los activos completamente descentralizados estarían bajo un escrutinio más cercano, con exchanges responsables de proporcionar a los usuarios evaluaciones de riesgo neutrales basadas en datos verificables.
Las recomendaciones también exigen reglas explícitas contra el uso de información privilegiada que cubran eventos como listados de tokens, brechas importantes en el sistema y ventas a gran escala por parte de los emisores.
Estas disposiciones se aplicarían a empleados de exchanges, desarrolladores de tokens y otras partes relacionadas que puedan acceder a información no divulgada.
El enfoque refleja las reformas en curso en Europa y Corea del Sur, donde las autoridades ya han introducido estándares de información privilegiada para el sector de activos digitales.
Los exchanges que operan en Japón enfrentarían estándares similares a los corredores que negocian con valores. Se les exigiría evaluar la tolerancia al riesgo de los usuarios antes de permitir operaciones complejas o altamente volátiles.
El plan también introduce límites de inversión para ofertas de tokens que no han completado auditorías financieras, un esfuerzo para evitar que los usuarios minoristas estén expuestos a una presión de venta repentina una vez que comience el trading.
También se espera que las instituciones financieras tradicionales desempeñen un papel más importante. Si bien los bancos y aseguradoras seguirán teniendo prohibido operar exchanges directamente, los reguladores pretenden permitir que sus subsidiarias ofrezcan trading de criptomonedas a través de canales altamente supervisados.
La transición planificada viene junto con una serie de políticas relacionadas que se han desarrollado en los últimos meses.
En noviembre, la FSA propuso un sistema de registro para proveedores de custodia y empresas de software de trading subcontratadas después de que la brecha de DMM Bitcoin del año pasado expusiera debilidades en los sistemas de terceros.
Días antes, los funcionarios confirmaron el apoyo a un proyecto piloto conjunto de stablecoin que involucra a los tres bancos más grandes de Japón, un esfuerzo que crearía un marco compartido para la emisión de tokens digitales respaldados por yenes.
Otras propuestas bajo revisión incluyen permitir que los grupos bancarios se registren como operadores de exchange, ampliar el acceso para inversores minoristas y acercar la gestión de criptomonedas a la estructura utilizada para acciones y bonos gubernamentales.
La reforma fiscal también avanza. El gobierno se prepara para reemplazar la tasa impositiva progresiva actual, que puede llegar al 55%, con un gravamen fijo del 20% sobre las ganancias de criptomonedas a partir de 2026.


