MANILA, Filipinas – El próximo juicio del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el expresidente Rodrigo Duterte abrió una oportunidad para que las familias vuelvan a refutar las afirmaciones de que los niños muertos en la guerra contra las drogas fueron simplemente daños colaterales.

"Salamat sa Diyos. Sana tuloy-tuloy na ito upang tuluyan nang mabigyan ng hustisya ang pamilya ko at ng iba pang biktima", dijo Grace (no es su nombre real). "Sana mabulok na siya sa kulungan."

(¡Gracias a Dios! Espero que esto continúe para que mi familia y otras víctimas puedan finalmente recibir justicia. Espero que se pudra en la cárcel.) 

La hija de Grace tenía 16 años cuando fue asesinada en 2017. Junto al cuerpo sin vida de la estudiante de cuarto año de secundaria había un cartel de cartón con las palabras "Huwag tularan" (No imitar). Testigos le contaron posteriormente a Grace que su hija había sido puesta bajo custodia policial antes del incidente.

Ella fue solo una de las 150 muertes de menores documentadas por el Centro de Derechos Legales y Desarrollo Infantil (CLRDC) entre 2016 y 2022, incluidas 122 durante los primeros tres años de gobierno de Duterte. Sin embargo, el grupo señaló que la cifra real podría ser mayor. 

"Duterte y sus coperpetrados sostienen que los niños asesinados son simplemente daños colaterales", dijo el CLRDC. "Sin embargo, el TPI presenta sólidas evidencias que demuestran un ataque generalizado y sistemático contra las víctimas."

En 2019, tras la muerte de una niña de tres años, el senador Ronald "Bato" dela Rosa afirmó que los daños colaterales pueden ocurrir durante operaciones policiales legítimas, añadiendo que "el mundo es imperfecto… estas cosas pasan".

Dela Rosa, quien fue el primer jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) bajo Duterte y es ampliamente descrito como el arquitecto de la guerra contra las drogas, se reporta que actualmente se encuentra escondido en medio de especulaciones de que podría estar entre los sujetos de posibles órdenes de arresto del TPI. 

Duterte se enfrentará a juicio ante el TPI después de que su sala, el jueves 23 de abril, confirmara por unanimidad todos los cargos en su contra en relación con la guerra contra las drogas. La sala de cuestiones preliminares, en su decisión, señaló que existen "fundamentos sustanciales para creer que el señor Duterte es criminalmente responsable de los crímenes".

Enfoque en las víctimas y el bienestar de las familias

Los datos gubernamentales muestran que al menos 6.252 personas murieron a manos de la policía durante operaciones antidroga hasta el 31 de mayo de 2022. Este recuento no incluye a las víctimas de asesinatos de tipo vigilante, que los grupos de derechos humanos estiman que elevan la cifra a alrededor de 30.000.

Sin embargo, documentos obtenidos por Rappler muestran que la PNP ya había registrado 7.884 muertes entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de agosto de 2020.

El CLRDC, trabajando estrechamente con el Movimiento en Defensa de los Derechos Humanos y la Dignidad (iDEFEND), había presentado previamente comunicaciones y hallazgos documentados al TPI. Sus presentaciones destacaron el impacto de la guerra contra las drogas en los niños y sus familias.

Jun Jun tenía solo ocho años cuando su padre y su tío fueron asesinados por la policía. Ahora con 18 años, dijo que la decisión del TPI de someter a Duterte a juicio le trajo una sensación de alivio, como si años de lucha y pérdida fueran finalmente reconocidos.

"Nagkamali at nakagawa siya ng kasalanan [kaya] kailangan niyang harapin at managot siya sa pagkakamali niya", dijo. (Cometió un error e hizo algo malo, por lo que necesita enfrentarlo y ser responsabilizado por sus acciones.)

La portavoz de iDEFEND, Judy Pasimio, dijo que trabajarán estrechamente con las familias de las víctimas para garantizar su seguridad, protección y bienestar. Muchas de ellas han sido sometidas a traumas y acoso por parte de la policía y los seguidores de Duterte en su búsqueda de justicia para sus seres queridos.

El siguiente paso será que el TPI constituya una sala de primera instancia. Aún no hay una fecha exacta para el inicio del juicio, pero los datos de otros casos del TPI sugieren que el proceso podría ser tan corto como seis meses o tan largo como dos años.

El TPI debe ahora garantizar que las víctimas puedan participar en el juicio y estén protegidas, según Amnistía Internacional Filipinas, tras el "momento histórico" que demuestra que "la justicia puede tardar en llegar, pero no puede demorarse para siempre".

"Los esfuerzos no deben cesar hasta garantizar que todos los individualmente responsables de crímenes bajo el derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos sean considerados responsables, ya sea en Filipinas o ante el TPI", añadió el director de Amnistía, Ritz Lee Santos III. 

El grupo de derechos Karapatan, por su parte, señaló que la decisión del TPI es la "vindicación más reciente de los esfuerzos del pueblo filipino por defender y perseguir la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos de miles de personas bajo el sangriento régimen de Duterte." – Rappler.com