La paradoja de Pullaro y la profecía autocumplida

Para que la rueda de la inversión acelere su giro y empuje los engranajes de la economía, es necesario que haya confianza. Lo hemos recordado muchas veces desde esta columna editorial. Pero como está grabado en la cultura argentina que el camino de la reactivación debe pasar por el impulso estatal, hay que repetirlo una vez más.

El peor legado del peronismo, en sus últimas tres versiones, fue la destrucción de la moneda y ese es el principal obstáculo que tiene Javier Milei para lograr un país normal. Las estrategias alternativas al “déficit cero” provienen de tesis que presuponen su existencia o de países donde la moneda local es aceptada por la población. Aquí y ahora, mientras todavía no haya moneda, no habrá herramientas eficaces de política económica para acelerar los tiempos que exige una población ansiosa. Lo que se demolió en ocho décadas no se puede reconstruir en dos años.

En la Argentina no se ahorra en pesos por temor a que algún futuro desajuste fiscal haga perder el valor de esos dineros con otra devaluación, corralito o ahorro forzoso. Es preciso no olvidar los últimos 80 años, cuando aún muchos actores recomiendan la misma película en blanco y negro. Y si no hay ahorro, no habrá crédito y sin crédito las empresas no ampliarán su capital de trabajo, no tomarán más personal, no expandirán su capacidad instalada, ni podrán financiar sus ventas.

¿Por qué subsiste ese temor visceral? Simplemente, porque la política no ha tomado nota de la gravedad de la crisis y la profundidad de los cambios indispensables para borrar de la memoria el riesgo de recaída. Muchos no muestran las convicciones requeridas para garantizar -contra viento y marea- la solidez del equilibrio fiscal alcanzado con sangre, sudor y lágrimas. De allí que lo relevante, para que se expanda el crédito y se movilice la economía, son las voces convencidas de quienes tienen capacidad de decisión y facultad de veto.

Con toda simpatía, podemos llamar “paradoja de Pullaro” a esa propensión tan nacional por soluciones que provocan su propio fracaso. Antes de viajar a Nueva York para asistir al Argentina Week, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en referencia a la política económica de Milei, declaró que “un modelo sin desarrollo productivo, sin crecimiento económico y sin generación de empleo está destinado a fracasar”.

Esa afirmación, en boca de un analista, sería solo una opinión más en el fárrago de noticias. Pero dicha por el gobernador de la tercera provincia argentina, con gravitación en el Congreso de la Nación e integrante de Provincias Unidas, solo puede presagiar una profecía autocumplida. Es paradojal, pues al objetar un modelo basado en confianza, a ojos de quienes deberían asumir riesgo argentino, induce una reacción contraria a su objetivo. Sin mencionar aquí las críticas de Axel Kicillof, gobernador de la mayor provincia argentina y bastión último de la izquierda peronista con mandato popular. Y si la duda inversora inclinase el fiel hacia el lado de la precaución, se demorarán la reactivación, el desarrollo productivo y la generación de empleo.

El “otro” camino propuesto por Pullaro (solo como ejemplo, pues son múltiples las opiniones semejantes) parece ignorar que, sin moneda, cualquier mínima señal de desajuste fiscal puede provocar otra corrida contra el peso, como ocurrió antes de las últimas elecciones . Mientras no haya una reducción adicional del gasto público o mejora de los ingresos, tampoco podrán bajarse las retenciones y mucho menos, hacer políticas activas para estimular la demanda mediante créditos blandos, desgravaciones o subsidios. Algo se ha hecho ya para incentivar nuevas inversiones bajo el Régimen de Medianas Inversiones (RIMI) en la ley de modernización laboral.

Hizo bien entonces Milei en invitar a 11 gobernadores al evento en Nueva York, para que, interactuando con banqueros e inversores, puedan percibir de primera mano el significado de la expresión confianza, tan intangible y volátil que es difícil de entender para quienes gestionan diariamente las escaseces y reclamos provinciales, con sus plantas administrativas, docentes, sanitarias y de seguridad. Es natural que, desde sus puestos de comando, no conciban que los recursos que necesitan provendrán de una palabra que evoca más inacción pasiva, que trámite diligente.

La experiencia neoyorquina debería servir a los gobernadores para suscitar una introspección. En las provincias hay tres millones de empleados; medio millón de municipales y un millón y medio de pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población activa). Y para mantener esas estructuras necesitan mayores transferencias nacionales, además del distorsivo impuesto a los ingresos brutos, que tanto daña la competitividad. Con igual avidez, los municipios cobran tasas viales, de seguridad ciudadana, limpieza e higiene, de abasto, uso del espacio público y consumo de energía eléctrica, para sus gastos corrientes.

Para representar al pueblo existen 1525 legisladores, de los cuales 329 son nacionales y 1196 de las 24 legislaturas locales. Se desconoce la cantidad de empleados y asesores que rodean esos cargos, más las jubilaciones de privilegio, que deben ser escalofriantes. Sin contar los concejos deliberantes de los 2234 municipios del país y los colegios y consejos profesionales con facultades paraestatales, que imponen costos adicionales a la actividad productiva. Quizás haya llegado el tiempo de crear regiones políticas para reducir esos costos, como lo propuso Martín Redrado, o avanzar en la idea de dividir la provincia de Buenos Aires, propuesta por Esteban Bullrich, Enrique Morad y Jorge Colina.

La Argentina no es una confederación de estados independientes sino un estado federal y la distribución de competencias fijada en la Constitución Nacional tiene por objeto los intereses comunes de 47 millones de habitantes y no de 24 enclaves en desmedro del progreso colectivo. Así como los gobernadores reclaman reactivación, deben comprender su parte en la construcción de confianza. Y cómo incide sobre los inversores la subsistencia en sus jurisdicciones de personal redundante, clientelismo, contrataciones dirigidas, jubilaciones especiales, abusos docentes, registros de constructoras, colegiaciones forzosas y presión fiscal para financiarlos.

La Nación tiene facultades en materia monetaria, fiscal y cambiaria, pero sus atribuciones tienen un talón de Aquiles. Si bien puede definir políticas que afectarán desde La Quiaca hasta Ushuaia, con esos poderes no es suficiente, ya que, para tener éxito y no naufragar en el intento, se requiere que los 24 concertistas ejecuten la misma partitura. El politólogo argentino Sebastián Mazzuca, de la Johns Hopkins University, ha denominado “disfuncionalidad territorial” a ese fenómeno y atribuye al “federalismo rentista” ser causa del bloqueo que impide la modernización.

Así como hay incentivos desalineados por el régimen de coparticipación, pues la Nación recauda y las provincias gastan, también los hay en la estructura institucional del federalismo. La distribución de potestades y la asimetría de premios y castigos, hacen al gobierno nacional responsable por la gestión del conjunto mientras alienta a los gobiernos provinciales a focalizarse en sus terruños y desentenderse de los resultados colectivos. Esperemos que, con diálogo y comprensión de esa paradoja, la Argentina pueda reconstruir la confianza inversora e ingresar en un círculo virtuoso de crecimiento y prosperidad.