Sheinbaum envía a San Lázaro iniciativa en materia de vivienda social

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Entre los principales cambios se plantea cambiar el término “digna y decorosa” por el de “adecuada” y establece como elementos y características de ésta los de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación. 

Propone como lineamientos de la política de vivienda, fomentar la concurrencia de los sectores público, social y privado, así como de los organismos e instituciones que otorguen crédito, financien, ya sea por sí o por terceras personas, o construyan vivienda para las personas trabajadoras o para cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 40., y 123 de la Constitución Política.

Considera que para hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada de las personas trabajadoras, esos organismos e instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir, demoler y financiar la autoproducción de vivienda; comprar o urbanizar terrenos para unidades habitacionales, enajenar o arrendar viviendas, generando condiciones que permitan a personas trabajadoras obtener un crédito barato y suficiente.

Refiere que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que ocho millones 855,733 hogares se encontraban en condición de déficit habitacional, lo que equivale a 22.8 por ciento del total de hogares del país. Se identificaron 932,790 viviendas con pisos de tierra, 6.68 millones con techos de baja calidad, 1.42 millones con muros deficientes, y cuatro de cada 10 viviendas en rezago se construyeron hace al menos 30 años. 

Asimismo, reconoce la incapacidad del mercado de atender a la población de menores ingresos, lo que constituye una falla estructural por el alto costo, la baja rentabilidad para el sector privado y la insuficiente diversidad financiamiento. Con ello se configura un mercado que excluye sistemáticamente a quienes más necesitan de una vivienda.