Modernizar la Justicia, una tarea impostergable

La necesidad de abordar distintas reformas estructurales para crear condiciones de prosperidad y progreso en el país forma parte de la agenda política actual. La modernización de la Justicia es una asignatura pendiente, por el alto impacto que su actuación tiene en lo institucional, económico, social y, sobre todo, en la vida cotidiana de los argentinos.

Semanas atrás, Neuquén ha tomado la delantera, impulsando una ambiciosa transformación de su justicia civil y comercial. Fruto de una política pública impulsada por el gobernador y apoyada por los otros dos poderes se decidió, por primera vez en la historia argentina, cambiar de modelo y se promulgó un novedoso Código Procesal Civil Adversarial. Ya no se trata de una simple reforma, sino de un sistema nuevo que fija reglas claras y tiene a la imparcialidad de las decisiones judiciales como norte.

Hasta ahora, los cambios más trascendentes en la Justicia argentina se concentraron en los procesos penales: en los últimos años varias provincias implementaron el sistema acusatorio, que hoy se abre paso en el ámbito federal. Pero las propuestas de reforma de la justicia no penal no se desprendían de la matriz inquisitiva y autoritaria imperante desde hace dos siglos. Basta un dato para ilustrarlo: el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente se dicta de 1967, y se inspira en el Código italiano de 1940 y el Reglamento de Franz Klein para el Imperio Austro-húngaro de 1895. El nuevo Código neuquino se aparta de esa tradición, se apoya en principios republicanos y alinea el modelo de justicia civil provincial con el penal.

El nuevo cuerpo normativo regula los litigios sobre derechos privados disponibles y pone el foco en las partes procesales y en el ejercicio de su derecho de defensa. Su carácter adversarial separa con claridad las funciones de probar y de juzgar. Los procesos, derechos y bienes en juego pertenecen a las partes, no al Estado, lo que define una regla básica: las partes y sus abogados litigan; los jueces resuelven. Como aquellos asumen mayor responsabilidad, se exigen estándares éticos más altos, y se prevén sanciones concretas frente al actuar de mala fe. A su vez, se liberan a los jueces de tareas para que se concentren en dictar resoluciones en tiempo oportuno.

La simplificación de los procedimientos, la oralidad en su justa medida y el apoyo en las nuevas tecnologías previstas -sin excluir a quienes no acceden a ellas- reduce la carga de trabajo de los tribunales y sus estructuras, con el fin de dotarlos de una mayor eficiencia. Además, se bajan costos para los litigantes, eliminando trámites innecesarios e incorporando la publicación gratuita de edictos, las traducciones privadas de documentos e incentivos impositivos en materia sucesoria para fomentar los acuerdos entre herederos.

Entre numerosas innovaciones, regula herramientas para casos de urgencia, acorta sensiblemente los tiempos de desalojo y se fomenta el arbitraje conforme a reglas internacionales. Introduce la figura del descubrimiento de pruebas, basada en el discovery anglosajón, para que las partes construyan con solidez sus casos y evalúen su viabilidad. El nuevo modelo desalienta las aventuras procesales: exige concurrir con un caso justiciable y demostrarlo con pruebas, de allí el minucioso tratamiento de la actividad probatoria.

Esta transformación, que acompaña un proyecto de prosperidad, se logró con una notable participación ciudadana en las siete regiones de la provincia demostrando que la justicia no es solo cuestión de abogados y jueces. Es de todos.

Neuquén ha dado un paso ejemplar y necesario: su nuevo Código Procesal Civil Adversarial sienta las bases de una Justicia más moderna y previsible, y envía una señal concreta a los inversores al ofrecer seguridad jurídica e imparcialidad judicial. El desafío ahora es que esta transformación no sea una excepción, sino el inicio de una agenda impostergable que marque el camino para las provincias que buscan fortalecer sus instituciones y promover el desarrollo.

Director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Austral