Un nuevo decreto de Milei bloquea el acceso de China al Estado argentino con “timing” trumpista

En el arranque de 2026, el gobierno de Javier Milei no solo reafirma su alineamiento cerrado con los Estados Unidos en materia de política exterior, con capítulos sensibles como Venezuela e Irán. Ese encuadre también se proyecta sobre la gestión doméstica de áreas que Washington considera estratégicas de la Argentina y en las que no está dispuesto a tolerar la injerencia de terceros. China, en particular.

En ese marco, la Casa Rosada toma nota de esas señales y las traduce en un decreto “cerrojo” que excluye a un amplio universo de empresas chinas de la participación en licitaciones estatales. La norma comenzará a regir esta semana, en simultáneo con la presentación del Presidente ante el Foro Económico Mundial de Davos.

Sobre esa línea delgada entre no correrse del libreto de la Casa Blanca y no provocar un cortocircuito innecesario con Beijing, oscila una relación que el Gobierno no puede —ni quiere— clausurar por completo. La estrategia oficial apunta a acotar el vínculo con China a un plano estrictamente comercial, dentro de los márgenes de tolerancia que fija Washington. El equilibrio es frágil: se trata de no cerrar una puerta que sigue siendo relevante para la economía argentina, pero sin cruzar los límites que impone la nueva doctrina de seguridad estadounidense.

El propio Donald Trump trazó esa frontera de manera explícita. “No creo que deban hacer muchos negocios con China —le dijo a Milei y a la delegación argentina en el cara a cara que mantuvieron en la Casa Blanca el 14 de octubre del año pasado—. Pueden hacer algunos negocios, pero ciertamente no deberían hacer nada relacionado con lo militar con China. Me molestaría mucho eso”.

Del lado argentino, Beijing aún conserva herramientas de peso para mantener abierta la relación. El swap de monedas sigue funcionando como una palanca clave de estabilización financiera y, en la Casa Rosada, confían en que el crecimiento del intercambio comercial —históricamente deficitario para la Argentina— opere también como un factor de contención.

Según la última serie de datos publicada por el INDEC, el comercio bilateral con China alcanzó en 2025 los u$s 25.354 millones y va rumbo a superar el récord de u$s 25.460 millones registrado en 2022, cuando el gigante asiático le ganó a Brasil el podio de principal socio comercial del país.

En términos interanuales, las exportaciones argentinas hacia China crecieron un 58%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 57%. Sin embargo, China es un actor que no se limita a sostener vínculos comerciales tradicionales. Su estrategia de expansión incluye la búsqueda constante de nuevos horizontes productivos y tecnológicos.

El 12 de diciembre pasado, durante la celebración del “X Aniversario del Establecimiento del Centro de Estudios Argentinos y la Conferencia Internacional de Estudios Argentinos en China 2025”, el embajador chino en la Argentina, Wang Wei, señaló a la inteligencia artificial y a la biomedicina como dos de las áreas prioritarias a profundizar en los próximos cinco años.

Para la Casa Blanca, esos campos se inscriben dentro de su categoría de alta sensibilidad vinculada a la seguridad nacional. La competencia estratégica con el gobierno de Xi Jinping se traduce en presiones cruzadas sobre terceros países en todo el tablero global.

En ese contexto, no pasó inadvertido el decreto que el Gobierno argentino publicó en la primera semana del año, el 6 de enero, con buena parte del gabinete de vacaciones y con la atención pública concentrada en las consecuencias de la intervención militar del Pentágono en Venezuela. El documento lleva la firma del jefe de Estado, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bajo el argumento formal de reforzar la transparencia en los procesos de vinculación entre las empresas privadas y el Estado, el Decreto 5/2026 funciona en los hechos como un cerrojo para cientos de empresas y empresarios de origen chino. La norma les cierra el acceso a licitaciones vinculadas a diversos niveles de infraestructura, servicios y, por extensión, a áreas consideradas estratégicas a nivel nacional.

La decisión se inscribe en un momento en el que la Casa Rosada busca imprimirle una nueva velocidad al proceso de privatización de empresas públicas, mientras Washington deja en claro a sus aliados —y al resto del mundo— que no está dispuesto a aceptar ningún tipo de injerencia en su zona de proyección territorial. “Este es NUESTRO hemisferio”, posteó el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X el 5 de enero, a apenas 48 horas de la operación militar en Venezuela. Las mayúsculas son originales.

Días después, ese mensaje fue reforzado con una segunda publicación que sintetiza la nueva impronta de la política exterior estadounidense bajo la consigna “America is back” (“América está de vuelta”): “Apenas una semana después del inicio de 2026, el mundo ya se ha dado cuenta de que la determinación, la resiliencia y la fuerza estadounidenses han realmente regresado”.

Las definiciones del secretario de Estado, Marco Rubio, en una serie de entrevistas concedidas por esos días, terminaron de explicitar el trasfondo geopolítico de ese posicionamiento. “Hemos visto cómo nuestros adversarios en todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de todos los demás países. No lo harán en el hemisferio occidental. Eso no sucederá con el presidente Trump”, afirmó.

La radicalización del discurso de la Casa Blanca puede leerse también como una respuesta directa a la ofensiva diplomática de China en América Latina en la nueva Era de la Fuerza. Semanas antes del cierre de 2025, Beijing había presentado su Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe —conocido como Libro Blanco—, un texto que se ubica en las antípodas de la Estrategia de Seguridad Nacional trumpista difundida por Washington casi en simultáneo.

“Los cambios mundiales nunca vistos en una centuria están evolucionando de forma acelerada, y la correlación de fuerzas internacionales está experimentando reajustes profundos. El Sur Global, con su robustecimiento vigoroso, está desempeñando un papel cada vez más importante en la causa del progreso de la humanidad”, sostiene el documento del gobierno chino. En su prólogo advierte además contra “las acciones unilaterales de matonería están perjudicando la paz y la seguridad internacionales”, en una economía mundial que “carece de fuerza motriz para su crecimiento” y donde “los conflictos y turbulencias parciales surgen con frecuencia”.

En el desarrollo del texto, China detalla las múltiples posibilidades de cooperación en energías convencionales y limpias, el acceso a recursos estratégicos, la creación de “mecanismos como el suministro a largo plazo”, el fortalecimiento de su participación en proyectos de infraestructura e incluso el desarrollo del intercambio militar. Todas áreas que, para Washington, forman parte del núcleo duro de su disputa estratégica con Beijing.

Decreto cerrojo: qué implican los cambios en el sistema de contrataciones del Estado nacional

El Decreto 5/2026 introduce un cambio sustantivo en el régimen de contrataciones públicas al endurecer y ampliar el veto a empresas sancionadas por organismos financieros internacionales, en particular el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que incluso puede extenderse a otros organismos a raíz de los acuerdos de inhabilitación cruzada con otras entidades.

La norma, publicada el 6 de enero de 2026 y con entrada en vigencia prevista para el 21 de enero, redefine los criterios de exclusión aplicables a los oferentes en licitaciones de bienes, servicios y obra pública. El miércoles, cuando entre en vigencia, tienen prevista su disertación ante el Foro de Davos tanto el presidente Milei como Trump, unas horas antes.

Hasta ahora, las causales de inelegibilidad estaban estrictamente atadas a supuestos de cohecho o soborno transnacional. Esa limitación generaba problemas operativos: las listas de empresas inhabilitadas tanto del Banco Mundial como del BID no siempre detallan el tipo penal específico que motivó la sanción. Esa ambigüedad dejaba márgenes para impugnaciones, incluso cuando se trataba de firmas sancionadas por prácticas graves cometidas en el extranjero.

El nuevo decreto corrige ese vacío del Decreto 1168/18 al ampliar de manera explícita el alcance del veto. Desde su entrada en vigor, quedarán excluidas de los procesos de contratación todas las personas humanas o jurídicas que figuren en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del BID. La novedad central es que la exclusión ya no se limita a casos de cohecho, sino que incorpora sanciones por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida u otras conductas previstas por esos organismos multilaterales.

Además, el texto introduce una obligación activa para el Estado: ya no alcanza con la presentación de declaraciones juradas por parte de los oferentes. Los organismos contratantes deberán verificar de manera directa las listas de sanciones de los bancos multilaterales al momento de evaluar las ofertas. El decreto modifica artículos clave del régimen de contrataciones y de la normativa de obra pública, unifica criterios de exclusión y alinea la política local con estándares internacionales de integridad y lucha contra la corrupción.

Hasta allí, el espíritu de la norma apunta a una mayor transparencia en los procesos de vinculación entre el Estado y los privados. De hecho, fuentes gubernamentales consultadas por El Cronista lo describen como un “filtro” más amplio y automático: cualquier empresa sancionada por los principales bancos de desarrollo quedará fuera de las licitaciones nacionales, sin necesidad de discutir la tipificación exacta del delito.

Sin embargo, hay un dato que emerge con claridad de la composición de esas listas. China aparece, por amplio margen, como el principal país de origen de empresas e individuos sancionados tanto por el Banco Mundial como por el BID. En ambos casos, el peso relativo del gigante asiático supera de forma holgada al del resto de los países, y en la mayoría de los registros las sanciones no responden a hechos de corrupción clásica, sino a los tipos de conductas que ahora incorpora el Decreto 5/2026.

En el caso del Banco Mundial, el universo analizado incluye 1.363 sanciones. China encabeza el ranking con 371 registros equivalentes al 27,2% del total. Muy por detrás aparecen Vietnam (70), Nigeria (56), India (53) y el Reino Unido (46). Completan el top ten Brasil (39), Indonesia (38), Bangladesh (31), Bolivia (30) y Mongolia (29). Estados Unidos, con 27 sanciones, queda fuera de los diez primeros, mientras que el 42% restante se distribuye entre empresas y personas de otros orígenes.

El patrón se repite, con matices, en el BID. Sobre un total de 1.199 sanciones, China vuelve a liderar con 373 registros, que representan el 31,1% del total. Le siguen India (53), Nigeria (45), Bolivia (35) y Vietnam (34). Luego se ubican Brasil (33), Indonesia (30), Mongolia (28), Bangladesh (27) y Guatemala (26). Estados Unidos, con 18 sanciones, queda nuevamente fuera del top ten, mientras que la categoría “Otros” concentra 497 casos, el 41,5% del universo.

El análisis comparado permite identificar dos tendencias claras en las nóminas que se actualizan de manera periódica. Por un lado, la fuerte concentración de sanciones en un número reducido de países, encabezados por China. Por otro, la dispersión del resto de los casos en una amplia constelación de países de América Latina, África, Asia y Europa del Este.

En ambos organismos, el peso relativo de Estados Unidos resulta marginal frente al volumen acumulado por China y por economías emergentes del Sur Global, precisamente el espacio donde Beijing busca proyectar su influencia. Curiosamente, cuando Washington alivio las restricciones de su propia Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), de 1977, que inhibía a las empresas de su país de involucrarse en prácticas corruptas fuera el país bajo el argumento de que la seguridad de EE.UU. depende de obtener “ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo” y que esta normativa volvía a las firmas estadounidense “menos competitivas”

Otro rasgo categórico es que más del 60% de las sanciones están vinculadas de manera directa o indirecta a infraestructura o a servicios estatales. En el relevamiento de los nombres predominan constructoras y empresas de energía, transporte y telecomunicaciones, sectores sobre los que China pone especial énfasis en su Libro Blanco y que, al mismo tiempo, se ubican en el centro de la disputa estratégica con Washington.